miércoles, 30 de mayo de 2012

accion de cumplimiento

Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo, cuando ellas se muestran renuentes a ello. 

acción popular


Instrumento para la defensa y protección de los derechos e
intereses públicos o colectivos, como son el patrimonio público, el
espacio público, la salubridad pública, la moral administrativa, la
libre competencia económica, el ambiente y la salud pública.

veeduria en salud

Es una herramienta de vigilancia y control que ejerce la
ciudadanía sobre el Estado

derecho de peticion

Es un derecho fundamental que tienen todas las personas para hacer peticiones respetuosas 
de interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante los  articulares que 
cumplan una función pública,

copacos

Es una de las máximas formas de organización comunitaria, diseñada 
para conseguir que la comunidad, a través de sus organizaciones, y 
el Estado

plebicito

El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afecta.

martes, 29 de mayo de 2012

juntas administrativas



Las Juntas Administradoras Locales son corporaciones públicas de elección popular que se constituyen en el máximo ente de representación política a nivel local. Son elegidas popularmente en cada localidad por períodos de cuatro años y están integradas por entre siete, nueve y once ediles, de acuerdo con el tamaño de cada localidad.

juntas de acción comunitaria

son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades.

concejos locales de juventud

los Consejos Locales de Juventud como organismos colegiados de carácter social, autónomo en el ejercicio de sus competencias y funciones e integrantes del Sistema Nacional de Juventud. 

iniciativa legislativa

 la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida que culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley.